Según Ha Podido Saber Este Periódico

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La Consejería de Educación ha admitido tras una investigación interna que hay un documento «de dudosa veracidad» en el dossier que la Delegación de Sevilla envió a la Justicia a petición de la Fiscalía en la investigación por el contrato a dedo a la hija del inspector jefe, tal y como había desvelado EL Planeta.

Mas quién y Por qué amañó supuestamente ese papel. Por qué razón se incurre en un presunto delito de falsificación documental, de mayores consecuencias en el Código Penal, para tapar una (Asimismo presunta) prevaricación.

En el documento aparece la firma de la jefa de servicio de Ordenación, Carmen Liébana, y la del jefe de servicio de Recursos Humanos, Luis Sanchís, a quien va dirigido y quien firma el ‘recibí’. Y, Aunque tiene fecha de 9 de septiembre de 2020, forzosamente tuvo que elaborarse Por lo menos nueve meses después, ya en 2020, Puesto que fue entonces cuando se empezaron a usar en la Consejería de Educación los sellos y membretes que aparecen en el papel.

¿Quiere decir que los firmantes son los autores de la falsificación? Eso lo tendrá que aclarar la investigación judicial. Asimismo va a deber determinar Exactamente en qué instante se efectuó esa ‘reconstrucción documental’ que, salvo que las firmas estuvieran igualmente falsificadas, tuvo que producirse cuando Luis Sanchís y Carmen Liébana no habían Todavía sido removidos de sus puestos como jefes de servicio. Su destitución se anunció el 6 de octubre de 2020, cuatro meses tras que estallara el escándalo de los contratos irregulares.

Para entonces, ya se había cerrado la primera investigación interna iniciada por la Consejería de Educación. Conforme ha podido saber este periódico, entre la documentación que se aportó al funcionario que instruyó aquella primera ‘información reservada’ antes del verano no figuraba el documento falseado. Con lo que seguramente se elaboró con posterioridad. En verdad, de las declaraciones de los jefes de servicio que después fueron expedientados se desprende que las órdenes para la contratación de la profesora se produjeron «de forma verbal», lo cual forma una sorprendente anomalía en el proceder de la administración.

Ha sido después, curiosamente, cuando ha aparecido el nombramiento (O algo parecido a ello) por escrito. En concreto, entre los documentos aportados por la delegada de Educación, Francisca Aparicio, a la Fiscalía de Sevilla. En Exactamente el mismo se señala literalmente: «Recibidas en esta Delegación Territorial las propuestas de bajas y altas de personal docente puesto a predisposición del Comisionado para el Polígono Sur de Sevilla (…) le comunico que tras el acuerdo alcanzado entre esta Delegación Territorial y la Comisionada para el Polígono Sur la cuarta propuesta conforme lo acordado es Anaís Moreno Malpartida».

El sistema informático que emplea la administración pública debería precisar en qué momento se elaboró ese escrito y desde qué PC, Puesto que todos y cada uno de los documentos dejan rastro. Y el objeto de esa falsificación sería Exactamente ocultar a los estudiosos la falta de un procedimiento formal que avalara el nombramiento. El problema es que, cuando se ‘reconstruye’ ese nombramiento, los sellos y membretes de la Consejería de Educación eran ya diferentes -A consecuencia de un cambio en la estructura de las consejerías de la Junta- a los que había en 2020, fecha en la que se produjo la contratación.

El delito de falsificación de documento público tiene prevista en el Código Penal una pena de prisión de entre tres y seis años, más multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial de 2 a seis años. Del mismo modo, el que a sabiendas usa O bien presenta en juicio documento falso También se puede enfrentar a penas de entre 1 año y 6 meses de prisión a ojeada años menos un día. De otro lado, los responsables de haber trasladado esos documentos a la Fiscalía podrían enfrentarse También a un delito contra la Administración de Justicia por falso testimonio. El dossier está avalado con la firma de la delegada de Educación, Francisca Aparicio, Si bien Siempre y en todo momento podrá alegar que desconocía la «dudosa veracidad» de los documentos aportados.

Con su resolución de poner en conocimiento de la Fiscalía -De este modo lo anunció titular, Sonia Gaya, este miércoles en el Parlamento- la presunta falsificación del documento presentado ante el Ministerio Público, la Consejería de Educación, Además de esto del cumplimiento de su obligación ante la existencia de indicios de delito, podría perseguir un efecto atenuante en las responsabilidades penales que pudieran derivarse. De hecho, ha pedido que se dé por invalidado el informe completo enviado al fiscal basándose en el dictamen del instructor de la investigación interna, quien asevera en sus conclusiones: «Como sucede en las fichas de dominó, si unos informes con signos de dudosa veracidad nutren a otros como soporte y justificación de acciones administrativas, hace que Asimismo estos sean invalidables».

La investigación, como viene informando EL Mundo, se inició tras destaparse que la Delegación de Educación de la Junta en Sevilla adjudicaba ‘a dedo’ los plazas docentes de que disponía en el Comisionado para el Polígono Sur, un ente público controlado por la Junta que se ocupa de la aplicación de planes sociales y educativos en esta barriada deprimida de la capital andaluza.

Por lo menos catorce contratos se hicieron A lo largo de una década por designación directa del delegado de Educación de Sevilla, prescindiendo de los procedimientos ordinarios de distribución de destinos para los funcionarios e interinos, Conforme reconoció la propia Consejería de Educación en el Parlamento andaluz en 2020.

Todas y cada una esas adjudicaciones son presuntamente irregulares Por el hecho de que se eludieron los concursos ordinarios para la cobertura de los puestos específicos. Teóricamente a esas plazas Sólo tenían acceso funcionarios e interinos que ya formaban parte de la plantilla de Educación. Con Al menos una excepción, la que benefició a la hija del inspector jefe de Sevilla, que fue ‘fichada’ directamente para un puesto en el Centro de Adultos del Polígono Sur sin concursos, sin oposiciones, sin estar formalmente en ninguna bolsa de empleo, sin tener la titulación de Magisterio. Y Asimismo sin nombramiento por escrito. Por estos hechos están siendo investigados la profesora contratada, los 2 jefes de servicio Sanchís y Liébana, y el que fuera entonces delegado de Educación, Francisco Díaz Morillo, Hoy directivo de la Agencia IDEA de la Junta en Sevilla.

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