Sólo Fue Un Acto De Reafirmación Ante Las Dudas Sobre El Proceso

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La convocatoria del referéndum independentista para el próximo 1 de octubre realizada por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no fue más que un acto de reafirmación de los impulsores del secesionismo, acuciados por minimizar las discrepancias que han surgido en las últimas semanas entre los protagonistas del proceso. La resolución de Catalunya en Comú de no asistir a la reunión con Todas las formaciones partidarias del derecho a decidir convocada por Puigdemont el pasado 29 de mayo ha dañado la imagen de los partidarios del proceso Porque ha visualizado que Junts pel Sí, ERC y la CUP son incapaces en este instante de añadir a absolutamente nadie más a la causa.

La Generalitat intentó dar una apariencia de solemnidad con la presencia junto a Puigdemont y al vicepresidente, Oriol Junqueras, del resto del Govern y de los parlamentarios de los partidos independentistas. Además de la fecha, Puigdemont anunció También La pregunta de la consulta: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?», considerablemente más directa que la enrevesada doble pregunta del nueve de noviembre de 2014. Mas la realidad es que el acto de el día de ayer no fue más que una declaración de intenciones, una prueba de reafirmación interna del proceso como decimos, sin ninguna trascendencia jurídica.

El anuncio nada tiene que ver con el de la convocatoria del referéndum independentista del nueve de noviembre de 2014, que Artur Pero realizó el 27 de septiembre de 2014. Entonces, Mas firmó solemnemente un decreto -un acto que sí tenía consecuencias jurídicas, Por consiguiente- al que el Gobierno dio respuesta inmediata: ese mismo día, la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría, en una declaración oficial detalló los pasos que iba a dar el Ejecutivo para impedir esa consulta. El Consejo de Ministros se reunió dos días después para decidir la presentación de un recurso de inconstitucionalidad. Mariano Rajoy se había comprometido a que en España no se celebraría Jamás «un referéndum ilegal» y al final, lo que se llevó a cabo aquel 9-N no fue más que una pantomima.

Se entiende Así que la Fiscalía decidiera el día de ayer no actuar penalmente contra Puigdemont Hasta que no haya una «convocatoria oficial», Según fuentes del Ministerio Público, Pues lo sucedido ayer son Sólo «palabras» sin ninguna trascendencia jurídica. El Gobierno También minimizó el acto de la convocatoria. En una resolución que semeja atinada, no hubo ninguna declaración oficial y fue el portavoz del Gobierno quien dio explicaciones en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Méndez de Vigo afirmó en primer lugar que «los pensamientos no delinquen» y se refirió al acto de Barcelona como «el anuncio del anuncio de otro anuncio», para rememorar después la postura que desde Siempre y en toda circunstancia mantiene el Ejecutivo: «En España no se van a cometer actos ilegales y el referéndum independentista es un acto ilegal». El portavoz volvió a ofrecer a Piugdemont en repetidas ocasiones -con la «mano tendida», afirmó- la tribuna del Congreso para debatir su proyecto.

El PSOE y Ciudadanos reaccionaron También con El mismo perfil bajo que el Ejecutivo, lo que hace meditar en una estrategia coordinada de contestación al independentismo. Algo que hay que esforzarse en mantener Porque la unidad de los constitucionalistas es fundamental para el país.

De ahí que, el acto de el día de ayer, como la manifestación de mañana, no son más que signos de la debilidad del proceso. Las indecisión de Puigdemont para convocar verdad la consulta, el rechazo creciente entre los funcionarios que serían los encargados de hacerlo posible, las discrepancias entre los partidos del derecho a decidir y la firmeza del Gobierno y de las formaciones constitucionalistas llevan a concluir que el referéndum ilegal no se marcha a llevar a cabo. Lo de menos es que ya tenga una fecha y una pregunta.

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